Regionalización al estilo norteamericano

En la presente sección destacamos dos temas: primero, el panorama político que vive Latinoamérica en este siglo, como resultado de la emergencia de fuerzas políticas y sociales de la región, que plantean alternativas a las políticas neoliberales y a las estrategias de Washington en la región. El ímpetu de estas fuerzas impulsan los llamados Vientos del Sur. En segundo lugar, la sección se centra en la situación actual y las perspectivas de los tratados de libre comercio con los Estados Unidos. Como es sabido, el proyecto de conformar un área de libre comercio en toda América, el Alca, fracasó por la oposición de Brasil y Venezuela, ante lo cual la Casa Blanca optó por la vía de los tratados bilaterales. Pero, al igual que el Alca, los TLC han ocasionado el surgimiento de una fuerte resistencia, habida cuenta de que día por día aparece con mayor claridad que los países del Sur nada recibirán que favorezca su desarrollo y en cambio sí están renunciando a cualquier posibilidad de desarrollo nacional.

En este dossier resaltamos dos eventos que convergen en el fortalecimiento de los Vientos del Sur. Nos referimos a la constitución de una cadena de televisión para América Latina y el Caribe, Telesur. Para ello invitamos a su actual director a que hiciera una presentación de ese novedoso instrumento de afianzamiento de la soberanía nacional de los países. De otra parte, en la pasada Asamblea General de la ONU el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela pronunció un encendido discurso contra el modelo neoliberal, y contra su mayor propulsor, Estados Unidos, y convocó a los países a pelear por un nuevo orden mundial.

Nuevas propuestas de cambio anuncian viraje de América Latina.
Arturo Cancino Cadena

Regionalización al estilo norteamericano
El Alca y los TLC: el caso ecuatoriano

Bush logra aprobar el tratado de libre comercio de América Central.
Hugo Fazio Rigatti

Discurso del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela en la Sexagésima Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Hugo Chávez Frías

Dos décadas después de su aplicación temprana en Bolivia y quince años luego del Consenso de Washington, la contrarreforma neoliberal y la tecnocracia que la introdujo empiezan a ser puestas en jaque en la mayor parte de América Latina. No tanto porque algunos de sus más emblemáticos mentores, como John Williamson, se hayan venido retractando de uno que otro dogma del evangelio del mercado[1]. Es un cambio de opinión más amplio el que ha originado la crisis.

Por cierto, son cada vez más numerosas y documentadas las críticas a las tesis no demostradas de la escuela neoclásica sobre los beneficios generales de la división internacional del trabajo con base en las “ventajas comparativas”, o sobre la supuesta ineficacia de las políticas de desarrollo promovidas desde el Estado y la superioridad del interés privado como mecanismo para el desarrollo. Los fraudes de la teoría son muchos y no resisten una comparación con la evidencia histórica. Sin embargo, el factor determinante del cambio de rumbo es, como era de esperarse, el creciente descontento entre amplios sectores de la población en todos los países del hemisferio con los resultados regresivos de las privatizaciones y la desregulación del movimiento de bienes y capitales, al igual que con la eliminación del papel redistributivo del Estado, el desmantelamiento de la política social y el ajuste fiscal, derivados de esta concepción.

Ha sido el impacto negativo de estas políticas sobre el empleo y los salarios, así como la tendencia a la concentración de la riqueza y la extensión de la pobreza, lo que se ha encargado de bajar del pedestal –edificado por un sector predominante de la academia estadounidense y los organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)– a las “verdades” neoliberales, convertidas no hace mucho en una especie de sabiduría convencional. Reflejo de ello es la creciente oposición social y política en los países latinoamericanos a la continuidad de este modelo económico y a los proyectos basados en el mismo como la desnacionalización de los recursos naturales, los mayores privilegios al capital extranjero, la competencia desigual con las importaciones, la OMC, el Alca y los tratados bilaterales de “libre comercio”.

Las cifras son elocuentes: en las dos últimas décadas del siglo pasado América Latina creció a las tasas históricas más bajas desde los inicios de la industrialización a finales del siglo XIX. El crecimiento del producto per capita se frenó y la región suspendió la marcha hacia el desarrollo que alcanzó su mayor progreso entre 1950 y 1980. Con la involución, Latinoamérica se afianzó como la región con mayor desigualdad en el mundo y la participación de los ingresos laborales en las rentas totales cayó de un promedio del 40 por ciento a cerca de la mitad en el último cuarto de siglo[2].

De la “década perdida” de los ochenta, se pasó a la década decepcionante de los noventa (véase cuadro). La inestabilidad y la crisis fueron la nota distintiva de las economías reformadas y abiertas de los países latinoamericanos desde el comienzo de este último período. El resultado neto en los noventa fue un mediocre promedio anual del 2,6 por ciento en el crecimiento nominal del PIB y menos del 1 por ciento de recuperación del ingreso por habitante. Los países más grandes de la región sufrieron profundas recesiones, detonadas por el efecto depredador del influjo y reflujo de los capitales internacionales: México en 1994, Chile en 1997, Brasil y Colombia en 1999, Argentina en 2001, entre otros. En relación con el promedio de los países ricos agrupados en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), el ingreso per capita ha caído del 18 al 12,8 por ciento desde 1980, aumentando la brecha del subdesarrollo[3].

Período	Crecimiento promedio anual
1950 – 1966	5,2
1967 – 1974	6,4
1975 – 1980	5,2
1981 - 1989	1,2
1990 - 2002	2,4

En el 2003 el desempleo había alcanzado su nivel más alto de los últimos 22 años, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y había 226 millones de latinoamericanos viviendo por debajo de la línea de pobreza, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En sólo una década, otros 15 millones de sus habitantes habían sido arrojados a la pobreza. “El fenómeno más notable que se registró en los últimos años es el de los nuevos pobres, gente que no era pobre hace algunos años o que sus padres no lo eran. Pertenecían a la clase media y se cayeron en la escalera social”, comenta Bernardo Kliksberg del BID. En América Latina, la región con la peor distribución de la riqueza, la brecha entre ricos y pobres en lugar de disminuir se ensanchó. El BID registra 102 millones de personas sin los ingresos necesarios para consumir el mínimo vital de proteínas y calorías[4].

No obstante, algún grado de recuperación se ha observado en los últimos 18 meses. En el 2004 el crecimiento regional alcanzó el 5,6 por ciento, el mejor en 25 años. Según la Comisión Económica para América Latina (Cepal), los pobres ya son 222 millones, 96 millones de los cuales viven en extrema pobreza y el número de estos últimos “sólo” subió en tres millones en el último año. Pero, ¿es esto un efecto retardado de las reformas neoliberales, como quisieran sus defensores? ¿Cuáles son los países que encabezan la tendencia a la recuperación? No los que perseveran en la lógica del mercado, sino aquellos cuyos gobiernos proclaman su desacuerdo con el Consenso de Washington y se han apartado considerablemente de ciertos guiones claves del libreto neoliberal: Venezuela, Uruguay y Argentina crecieron respectivamente 17,6, 12 y 9,1 por ciento el año pasado y sus proyecciones de crecimiento para el 2005 superan el 6 por ciento contra un promedio regional previsto del orden del 4,4 por ciento. Incluso Brasil tuvo un crecimiento de más del 5 por ciento en el 2004. El gigante de la región conserva, al lado de muchas líneas de la ortodoxia macroeconómica de los noventa, mecanismos estatales de fomento heredados de su pasado desarrollista. Así mismo, el gobierno de Lula Da Silva ha puesto el interés nacional como norte de su política exterior y desde la reunión de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en Cancún a finales de 2003 se ha convertido en el principal contrapeso regional a Estados Unidos en proyectos como el Alca y en organismos como la Organización de los Estados Americanos (OEA).

En contraste, países como Colombia y México –los más atados a la dictadura monetarista por gobiernos subordinados política e ideológicamente al Fondo Monetario Internacional (FMI) y al gobierno de Washington– crecieron a una tasa inferior al 4 por ciento, bastante por debajo del promedio regional, y las proyecciones para el año actual no son mejores. Desde luego que hay casos intermedios como los de Chile y Perú. Y que en el año 2004 todos los países se beneficiaron, en mayor o menor grado, del crecimiento de las exportaciones y del mejoramiento de los precios internacionales, con un efecto positivo que tiende a ser inversamente proporcional al tamaño demográfico. Pero es realmente el peso combinado del primer grupo de países el que jalona hacia arriba los promedios regionales y empieza a vencer el letargo económico de la estructura rentista a favor del capital extranjero impuesta a América Latina por dos décadas de neoliberalismo[5].

A diferencia de otros, en dicho grupo de países el consumo interno no sólo es más dinámico por la elevación del nivel de vida de los hogares sino que muestra la tendencia a un crecimiento sustentable, menos sujeto a los vaivenes de los precios internacionales, y es patente el mejoramiento de indicadores claves como el empleo y la distribución del ingreso. Hay también en sus gobiernos, eso sí, prioridades distintas a las de la atracción indiscriminada de capital extranjero mediante el otorgamiento de nuevos privilegios, así como poco interés por merecer los elogios del FMI[6] y atender los afanes comerciales de Estados Unidos.

En los últimos años, en varios países del hemisferio el descontento con los resultados de las políticas de ajuste y las reformas de mercado de los noventa ha dado como resultado la promoción democrática a la jefatura del Estado de representantes de proyectos alternativos, críticos de las políticas gubernamentales a las que se atribuye el incremento del desempleo y la pobreza, y partidarios de una rectificación del rumbo nacional. Allí las mayorías votaron contra la continuidad de los partidos y figuras identificados ante la opinión como ejecutores obedientes de la “modernización” neoliberal. Votaron también por un proyecto de gobierno de centro izquierda, impulsado por coaliciones democráticas de oposición y personificado en dirigentes poco afectos a la cartilla de la Casa Blanca y al FMI. El hito más reciente de esta tendencia lo constituye la victoria del Frente Amplio en Uruguay, que a comienzos del 2005, llevó a la presidencia al médico socialista Tabaré Vásquez, con una votación abrumadora.

Uno de los ejemplos más claros de la nueva independencia política latinoamericana es, sin duda, Venezuela. Contrariando los intereses de Washington, desde el año 2001, con la Ley General de Hidrocarburos, el gobierno de Hugo Chávez –elegido en 1998 por holgada mayoría– impidió la desnacionalización encubierta de la riqueza petrolera de su país que se venía adelantando a través de la tecnocracia neoliberal parapetada en la empresa estatal Petróleos de Venezuela S. A. (Pdvsa), con la anuencia de los gobiernos anteriores. La recuperación del control de la petrolera por el gobierno central figura como uno de los antecedentes más claros del frustrado golpe de Estado de abril de 2002 que sacó brevemente a Chávez del ejercicio del poder.

El gobierno venezolano ajustó las regalías que pagan las multinacionales por la explotación y venta de sus hidrocarburos, desde un insignificante 1 por ciento inicial hasta el 30 por ciento; y, para escándalo de la ortodoxia monetarista que prescribe atesorar las divisas para evitar la inflación y alentar la “confianza” de los prestamistas, ha usado los abultados excedentes de la renta petrolera para financiar programas sociales dirigidos a la población más pobre. Igualmente, con el fin de detener la fuga de capitales –simultánea al prolongado paro patronal posterior al golpe– a finales de 2002 estableció el control de cambios y ha mantenido el bolívar relativamente devaluado, lo que ha facilitado la recuperación de la producción interna tras la recesión inducida por las grandes empresas en el 2003.

Por otro lado, ha puesto en práctica una política de fomento de la producción agrícola e impulso a la industria nacional, mientras favorece la generación de empleo por medio de programas de construcción de vivienda popular, recuperación de la infraestructura ferroviaria y refundación de empresas públicas en sectores que habían sido completamente privatizados como el de las telecomunicaciones. En cuanto a los ingresos del sector laboral, ha subido varias veces el salario mínimo por encima de la inflación y se han promulgado decretos que propician la estabilidad en el trabajo. La misma política de expropiaciones, que genera fuertes reacciones, tiene como finalidad declarada obligar al uso productivo de los activos inmovilizados por los oligopolios.

Todas estas medidas han estimulado la actividad económica y han convertido la demanda interna en motor del crecimiento. Esto se puede apreciar en el aumento del consumo privado, que en el segundo trimestre de 2005, el consumo privado subió un 18,1 por ciento, por encima del crecimiento del consumo gubernamental (6,7 por ciento), generando un aumento total de la demanda interna del 20,8 por ciento. Esta última contribuyó positivamente al extraordinario crecimiento del PIB de 9,3 por ciento en el primer semestre, compuesto por un 12,1 por ciento en las actividades no petroleras y sólo el 2,5 por ciento en las actividades petroleras. El Banco Central de Venezuela atribuye el dinamismo de la demanda interna al alza de salarios, los planes sociales del gobierno, la baja de las tasas de interés y el mayor acceso al crédito[7]. En el último año la inflación ha caído una tercera parte hasta el 8,9 por ciento, igual que el desempleo que se prevé bajará al 9 por ciento antes de finalizar el año 2005.

Estas políticas han sido catalogadas por los funcionarios estadounidenses como populistas, no precisamente con la connotación positiva que el período histórico así designado significó, en últimas, para el progreso de los países latinoamericanos. La Secretaria de Estado, Condolezza Rice, ha llamado a los mandatarios de la región a oponerse al que llamó “populismo antidemocrático”, en obvia referencia a la línea del gobierno de Chávez[8]. Pero este último, además de reiterar la acusación a Washington sobre su injerencia indebida en los asuntos internos de su país, ha respondido con una activa gestión internacional. En el ámbito regional, esta gestión lo llevó a ingresar al Mercosur en el 2004 y ha incluido alianzas económicas con empresas argentinas y brasileñas, el respaldo petrolero venezolano para garantizar la seguridad energética de los países vecinos, la creación conjunta con tres de los países del Cono Sur de un canal informativo (Telesur), el apoyo a Bolivia en el proceso de nacionalización del gas, la compra de deuda externa a Argentina y Ecuador y la oferta de prestar el servicio de refinación de combustibles a este último país, así como la participación activa en la Comunidad Suramericana de Naciones promovida por Brasil (y, más recientemente, en la CAN) y la oferta de financiar la ampliación de la refinería de Cartagena, en Colombia, entre otras. A esto se suma su oposición a las propuestas de Estados Unidos en el Alca, que percibe como desventajosas para los países latinoamericanos, en lo que coincide con la posición de los países del Mercosur.

Otro ejemplo es Argentina, otrora alumno favorito del FMI y del Departamento del Tesoro de Estados Unidos bajo los dos gobiernos de Carlos Menem, en los noventa, y luego en el de Fernando De la Rúa, en el 2000. Aunque de partidos distintos, se puede decir que los dos mandatarios tenían algo en común: su devoción por el neoliberalismo y a Domingo Cavallo, ministro de Economía y cerebro de la “convertibilidad” monetaria, la desregulación financiera y comercial y las privatizaciones. El esquema montado por este ilustre académico de Harvard había logrado socavar la actividad productiva y el empleo en Argentina. Además de traer importaciones y pobreza a granel, produjo el deterioro de la balanza de pagos y la dependencia de la atracción de capitales externos, cada vez en mayor grado especulativos y de corto plazo.

Con el tiempo y el fin de la subasta de los activos del Estado, la apertura de capitales y la codicia de los prestamistas ocasionaron la elevación de la deuda a niveles impagables, lo que provocó la huída masiva de los “capitales golondrina” a finales de 2001. La ficción de la paridad cambiaria con el dólar se esfumó y el peso argentino se desplomó en un 400 por ciento. Cuando sobrevino la suspensión de pagos, Argentina fue arrojada al infierno por el FMI y culpada de irresponsabilidad y venalidad.

Luego de que la rebelión popular causada por la crisis económica obligó al retiro de De la Rúa, el nuevo gobierno peronista de Eduardo Duhalde nombró al actual ministro de Economía, Roberto Lavagna, quien estableció estrictos controles sobre el sector financiero y encaró al FMI. El Fondo pretendía obligar a Argentina a realizar un ajuste fiscal que representaba terminar de asfixiar la economía y sacrificar la recuperación para pagar puntualmente a los acreedores; y, con este propósito, exigía forzar al país a conseguir un elevado superávit primario, aumentando impuestos y recortando el gasto público. Lavagna resistió las presiones y el nuevo presidente, Néstor Kirchner anunció que daría prioridad a la recuperación y el bienestar de los argentinos sobre los intereses de los acreedores. Posteriormente, sin el aval del Fondo, el gobierno argentino emprendió una negociación directa con los tenedores de bonos, orientada a preservar el espacio fiscal para reanimar la economía. Los buenos resultados de la misma para Argentina mostraron que, por endeudado que un país esté, puede renegociar sus obligaciones con los acreedores, sin someterse a las agobiantes imposiciones del FMI, siempre que no permita que éste maneje su política económica y sus reservas internacionales.

Aunque los efectos de la crisis no han desaparecido y los “piqueteros”, que se destacaron en las jornadas contra el gobierno de De la Rúa, no ven aún razones suficientes para desmovilizarse, el gobierno actual mantiene un subsidio para los desempleados y ha puesto en marcha un programa de obras públicas tendiente a crear empleo desde el Estado. Por otra parte, la devaluación ha permitido la recuperación de las empresas gauchas. Se han generado más de 2,5 millones de puestos de trabajo y en el último año el desempleo bajó del 14,8 al 11 por ciento, la mitad del 22 por ciento que alcanzó en el peor momento de la recesión. Además, el gobierno ha promovido reajustes salariales por encima de la inflación y ha puesto en cintura a las multinacionales dueñas de las empresas de servicios privatizadas que presionan por onerosas alzas en las tarifas. En el año 2004 Argentina recuperó el primer lugar en América Latina en el índice de desarrollo humano de la ONU y la desigualdad bajó.

Todas estas medidas confluyen para asegurar una demanda interna vigorosa que impulsa el crecimiento de la economía a los altos niveles observados. El mayor consumo privado ha ocasionado, incluso, un leve repunte de la inflación. Ante el mejoramiento económico, se multiplica el ingreso de capitales externos que tienden a revaluar la moneda, lo cual el FMI considera conveniente. Pero el gobierno de Kirchner, que tiene como prioridad el crecimiento del sector productivo, ha rechazado tajantemente esta recomendación y, en su lugar, decidió establecer un depósito del 30 por ciento y un período mínimo de permanencia de un año para desanimar la entrada de capitales especulativos. Así, Argentina hace uso de un instrumento proscrito por la ortodoxia monetarista que, junto con la promoción de los salarios y del empleo, seguramente le valdrá a su gobierno la descalificación como populista.

Además de estrechar relaciones con Venezuela, en la política exterior el gobierno argentino se ha alineado con Brasil, Uruguay y Paraguay dentro del Mercosur, tanto en la oposición al modelo del Alca concebido por Estados Unidos, como en la negociación como bloque con la Unión Europea. El presidente Kirchner tiene fama de hablar duro. En una posición característica, exigió recientemente a las potencias que así como reclaman el pago de la deuda financiera, “se dispongan a escuchar nuestro firme reclamo para que salden su deuda ambiental con el resto del mundo”[9].

Sin embargo, sería un error pensar que la corriente contrahegemónica consiste sólo en la postura insubordinada de algunos gobiernos. A lo largo y ancho de todo el continente, en los últimos años el desacuerdo con el pensamiento único impuesto por el neoliberalismo ha cobrado una expresión social. Al tiempo con los cuestionamientos a esta ideología desde diversos ángulos de la academia, amplios sectores de la sociedad en estos países se manifiestan crecientemente en contra de los onerosos resultados de la “eficiencia privada” en la provisión de bienes públicos y la falta de intervención del Estado en la promoción de la producción nacional y la generación de empleo formal. Hay reclamos masivos a los gobiernos por el acatamiento ciego a las directrices del FMI que propician la especulación financiera, el recorte del gasto social, las privatizaciones, la saturación del mercado interno por las importaciones y la enajenación de la riqueza nacional.

Es el caso de Bolivia, donde una alianza del movimiento indígena (los indígenas constituyen un 65 por ciento de la población) y la Central Obrera Boliviana desalojó del poder a Gonzalo Sánchez de Lozada en el 2003, como resultado del descontento general con la situación económica y a raíz de la aprobación de un cuestionado proyecto sobre la exportación de gas natural a Estados Unidos vía Chile. Bolivia cuenta con la segunda reserva de gas del continente, calculada en 54,9 trillones de pies cúbicos[10]. La inversión extranjera de 6 mil millones de dólares le redituaría a las multinacionales cerca de 1.600 millones por año, dejándole al Estado boliviano escasos 80 millones de dólares anuales. Tal como sucedió con la plata y el estaño, este país, el más pobre de Suramérica, vería nuevamente a otros beneficiarse de sus riquezas naturales.

Tras el derrocamiento de Sánchez de Lozada asumió el vicepresidente Carlos Mesa, quien dimitió en el 2005 cuando fue puesto en jaque por una nueva movilización del pueblo que exige la nacionalización de los hidrocarburos y una participación en las ganancias de no menos del 50 por ciento por parte de la recientemente refundada empresa estatal YPFB. Mientras varias empresas extranjeras amenazan con demandar al Estado por la tibia Ley de Hidrocarburos aprobada por el gobierno saliente, los indígenas presionan con la ocupación pacífica de los pozos y el país se prepara para elecciones generales en diciembre y para la posible realización de una Asamblea Constituyente. Varios líderes se destacan en la oposición, entre ellos el dirigente indígena del Movimiento al Socialismo, MAS, Evo Morales, quien se opone a las aspiraciones secesionistas de las élites criollas de la región de Santa Cruz, la más rica del país, al tiempo que apoya la nacionalización de los hidrocarburos.

En Ecuador, también a causa del rechazo a la explotación de la riqueza petrolera por las multinacionales sin beneficios tangibles para la población, se han presentado rebeliones populares en regiones como Sucumbíos y Orellanas, que lograron bloquear las operaciones de las empresas petroleras para presionar por una mayor participación en los beneficios del negocio para los ecuatorianos. El actual presidente, Alfredo Palacio, asumió este año luego de la caída del anterior mandatario, Lucio Gutiérrez, quien abandonó el país en medio de las masivas protestas de la sociedad civil quiteña –la llamada rebelión de los “forajidos”– en contra de sus políticas impuestas por medios cada vez más dictatoriales. Los movimientos indígenas y, en general, la oposición al gobierno anterior, exigen al nuevo gobierno de Palacio la revisión del acuerdo con el FMI que impide el uso del recurso petrolero en la financiación de políticas públicas, así como la recuperación de la base de Manta entregada a Washington por el gobierno de Yamid Mahuad, el cese de las fumigaciones del Plan Colombia en la frontera y la neutralidad con respecto al conflicto colombiano. Muchos sectores se oponen igualmente a la firma del TLC con Estados Unidos.

Por su lado, la Casa Blanca presiona a las autoridades ecuatorianas para que fallen a su favor las demandas de sus corporaciones (Texaco, Bell South, IBM) contra el Estado y a que éste renuncie a aplicarles leyes nacionales como la que autoriza al gobierno a rescindir el contrato con la Occidental. El presidente de la petrolera estatal renunció por falta de respaldo del gobierno. Igualmente, presiones de la misma procedencia obligaron al retiro del ministro de Economía, Rafael Correa, partidario de desmontar la nociva dolarización de la economía ecuatoriana y de aceptar la ayuda de Venezuela. La inestabilidad en este país, que en ocho años ha tenido igual número de presidentes, corre pareja con el aumento del desempleo, la pobreza y la desigualdad, acentuadas por las clásicas políticas de ajuste fiscal y por un manejo monetario quizás peor que el que colapsó en Argentina, situación agravada por la injerencia estadounidense.

En Perú, la principal inquietud se relaciona con la firma del TLC con Estados Unidos, que el gobierno del presidente Alejandro Toledo ha dicho que firmará de todos modos, pese a que en el estado actual de la negociación resultarían perjudicados vastos sectores del agro y la industria nacionales. En julio se realizaron dos paros nacionales por este motivo. El país se prepara para elecciones y lo único claro es que el actual presidente no será reelegido.

Igual sucede en México con su mandatario, Vicente Fox, cuyo partido ha perdido el apoyo popular debido a la profundización de los efectos sociales negativos del libre comercio. El sustancial incremento de la productividad de las corporaciones multinacionales instaladas en México con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan), no ha significado un mejoramiento de las remuneraciones laborales de los mexicanos, y la brecha con los salarios de Estados Unidos y Canadá en lugar de disminuir, crece. El sector exportador aporta comparativamente poco al empleo. El 55,3 por ciento de los nuevos puestos de trabajo creados hasta el 2003 lo fueron en el sector informal[11]. En el agro, más de 6 millones de campesinos han sido desplazados por las importaciones subsidiadas provenientes de Estados Unidos. La desigualdad social ha crecido y para un país que continúa expulsando una enorme cantidad de emigrantes hacia su vecino del Norte, el desempleo se mantiene a niveles inaceptables (3,8 por ciento). De hecho, el segundo renglón de ingresos externos más importante después de las exportaciones petroleras son las remesas enviadas por los emigrantes (más de $13.000 millones de dólares al año). Por todo lo anterior, el candidato más opcionado para suceder a Fox es el opositor alcalde de la capital, López Obrador, del Partido de la Revolución Democrática, PRD, que se proclama contrario al neoliberalismo.

En otros países de la región, los sectores más organizados, encabezados por los sindicatos y los partidos de oposición, han rechazado las privatizaciones y el adelgazamiento del sector público, el peso agobiante del servicio de la deuda y el aumento de impuestos al consumo para lograr el equilibrio fiscal. Se denuncia que mientras se disminuyen los gravámenes a las rentas del capital, se anuncian nuevas exenciones a la inversión extranjera y se desnacionalizan las grandes empresas. A esto se suma la protesta por el deterioro de los ingresos del trabajo favorecido por la “flexibilización” del mercado laboral y la falta de soluciones reales a la pobreza, entre otros motivos de inconformidad. Esto es claro en Colombia, uno de los países con mayor grado de desigualdad en el mundo y el segundo peor en la región, donde a los trabajadores se les conculcaron ingresos por cerca de 2 billones de pesos con la última reforma laboral a favor de los bancos y las grandes empresas.

Hay también una creciente oposición de sectores populares al TLC que negocia el gobierno, así como al proyecto de reelección presidencial del gobierno de Uribe Vélez. Las organizaciones que llevan a cabo la oposición democrática ya le infligieron una estruendosa derrota al gobierno a propósito del referendo para la legitimación del ajuste fiscal, convocado por el presidente en el 2003. El debate político actual se desenvuelve en un ambiente enrarecido por el conflicto armado, las fumigaciones, la injerencia militar estadounidense a través del Plan Colombia y el Plan Patriota y el desplazamiento forzado de amplios sectores de la población campesina, víctimas de un desalojo violento sistemático que ha terminado configurando una vasta contrarreforma agraria en el país.

También en Costa Rica y Panamá crece la protesta de los trabajadores por motivos relacionados con la agenda neoliberal. En el primero, así como en varios otros países de Centroamérica, como Honduras y Nicaragua, hay un ambiente general adverso al recientemente aprobado Tratado de Libre Comercio con América Central (Cafta) con Estados Unidos, tanto entre el sector laboral urbano y rural como en algunos sectores de empresarios afectados. La Cepal ha advertido que este tratado de libre comercio aumentará críticamente la dependencia de los centroamericanos del país del Norte. Se registran movimientos campesinos que coordinan sus actividades en 23 países de América Latina y el Caribe en rechazo a los tratados de libre comercio, considerados como un “avance recolonizador de las transnacionales”[12].

Aun en Chile, país al que frecuentemente se cita como ejemplo del éxito neoliberal –y que fue el experimento piloto de este modelo en los setenta–, el desempleo se mantiene a niveles relativamente altos (8,7 por ciento) para los niveles de crecimiento del PIB (6,1 por ciento), y la desigualdad en el ingreso sigue siendo una de las más altas en la región, superada sólo por Brasil y Colombia. Aunque la pobreza ha disminuido proporcionalmente más que en los demás países, aspectos como la seguridad social privatizada exponen a la mayoría de la población trabajadora a un futuro incierto y precario, mientras los fondos privados se han beneficiado con la captación de más de 61 mil millones de dólares de los trabajadores. Además, la prosperidad del 1 por ciento de las empresas, que concentran el 96 por ciento de las exportaciones, no puede ocultar las numerosas quiebras de las pequeñas y medianas empresas que generan el 80 por ciento del empleo[13] y la inconformidad crece progresivamente entre los trabajadores y pensionados.

En noviembre de 2005 se realizará en Mar del Plata, Argentina, la IV Cumbre de las Américas. El lema de la misma, “Crear trabajo para enfrentar la pobreza y fortalecer la gobernabilidad”, indica el cambio de prioridades en la agenda de la mayoría de países del hemisferio. Desde ya, en el interior de la comisión preparatoria (Gric) se refleja la polarización de las posiciones. Estados Unidos no acepta que el fracaso de las reformas neoliberales obedece al contenido socialmente regresivo de las mismas y no a la supuesta “corrupción” general de los gobiernos que las aplicaron. Por otro lado, países como Argentina, que ven en la posición estadounidense la continuación del Consenso de Washington, le oponen el efecto correctivo de las políticas activas del Estado y el reestablecimiento de su papel redistributivo. Ésta es también la tendencia creciente entre los sectores más amplios de la población latinoamericana. Como señala el catedrático colombiano Eduardo Sarmiento, "es apenas natural que la opinión no se regocije con un sistema que genera crecimiento, ganancias empresariales y aumentos de productividad, y al mismo tiempo amplía las desigualdades y destruye el empleo. Quiérase o no, se abre camino la necesidad de un nuevo modelo que concilie los beneficios de la equidad con los de la eficiencia, y adquieren carta de ciudadanía, luego de haber sido descalificados durante mucho tiempo, los programas de empleo, la progresividad tributaria, la regulación de los mercados, la protección a la mano de obra no calificada y las políticas industriales de selección de sectores"[14].

El pulso entre el dogma respaldado por el poder de Washington pero desmentido por la evidencia empírica, y la posición crítica de quienes proponen abandonar el modelo fracasado y reemplazarlo por uno distinto –como los que se ensayan con éxito en varios países– promete ahondar las distancias entre el Norte y el Sur del continente. Todo indica que Washington seguirá ponderando y promoviendo las excelencias del “libre mercado”, que aplica poco pero cuya aceptación por otros países le ha redituado grandes utilidades a sus corporaciones multinacionales. Al mismo tiempo, los países de América Latina se irán deshaciendo del lastre de estas verdades no demostradas por ningún país y en ninguna época, y emprenderán un camino propio, basado en el principio del interés nacional que, lejos de desaparecer, tiene mayor vigencia que nunca.

Para asegurarlo, la marea creciente de los pueblos ha empezado a relevar a los gobernantes sujetos a los dictados extranjeros y afines a la moda neoliberal por otros más sintonizados con sus intereses reales y preocupados por el desarrollo de su patria.

Notas

[1] En el 2003, el director de la reunión de 1989 a la que bautizó el Consenso de Washington, afirmó: “Ahora hay una nueva diferencia crítica de posturas ante la liberalización de la cuenta de capitales en los mercados emergentes… mientras que la administración Bush sigue intimidando a países como Chile y Singapur con acuerdos bilaterales de comercio para cercenar incluso los controles de capital más inteligentes”. Williamson, John. “No hay consenso en el significado”. En: FMI, Finanzas y Desarrollo. Septiembre de 2003, p. 35.

[2] Se destaca Chile, con una caída de participación desde el 50 por ciento a comienzos de los setenta a sólo 19 por ciento en 1989, tras 17 años de dictadura y neoliberalismo. Petras, James y Veltmeyer, Henry. El imperialismo del siglo XXI. La globalización desenmascarada. Madrid. Editorial Popular. 2002, pp. 129-130.

[3] “Reformas económicas llevan a América Latina a ser la más desigual del mundo”, Portafolio, 26 de agosto de 2005, p. 20.

[4] Portafolio, 1° de junio de 2004, p. 29.

[5] Una ilustración de ello es el comportamiento del flujo de capital extranjero en el 2004. Según la Cepal, ese año ingresaron a la región 56.400 millones de dólares, pero en el mismo período salieron 84.000 millones, 24 mil millones por concepto de dividendos. De la nueva inversión, cerca de la mitad, 27.800 millones de dólares, corresponde a la compra de empresas ya existentes.

[6] Meses antes del desplome financiero de diciembre de 2001, el FMI había destacado a Argentina como modelo internacional de un acertado manejo económico. Poco después, en Colombia también las autoridades económicas recibieron una mención elogiosa del FMI, muy publicitada por los medios. Al respecto, el ex ministro de Hacienda, Rodrigo Botero, comentó con sarcasmo que congratularse por ello equivalía a tomar una corona fúnebre por una de laurel.

[7] “PIB de Venezuela se disparó: creció 9,3% en el primer semestre”, Portafolio, 19 de agosto de 2005, p. 10.

[8] “Hugo Chávez, un fenómeno político que sigue ganando simpatía en Suramérica”, Portafolio, mayo 30 de 2005, p. 11.

[9] “El presidente de Argentina, Néstor Kirchner, le exigió a los países industrializados respeto por el medio ambiente”, Portafolio, 2 de septiembre de 2005, p. 19.

[10] “Uno de los más pobres de la región y con la segunda reserva de gas”, Portafolio, 13 de junio de 2005, p. 19.

[11] Arroyo, Alberto. “Tlcan en México: promesas y realidades en su décimo año”. En: El alto costo del “libre” comercio; México. ASC, 2003, p. 40.

[12] Palabras de Heladio Ramírez, líder de la Conferencia Nacional Campesina de México. “Campesinos de la región rechazan libre comercio con Estados Unidos”, Portafolio, 26 de agosto de 2005, p. 22.

[13] Declaraciones de Marcel Claude, ex ejecutivo del Banco Central de Chile y actual directivo de la ONG Terram, en Portafolio, 28 de marzo de 2005, p. 19.

[14] Sarmiento, Eduardo. “Descontento con el neoliberalismo”, En: El Espectador, 17-23 de julio de 2005, p. 2B.

En la génesis de la crisis económica y social del Ecuador de inicios del siglo XXI desempeña un papel crucial el “modelo de acumulación por desposesión”, cuyos ejes de reproducción son las políticas de ajuste estructural destinadas a posibilitar el servicio de la deuda externa que ha significado el pago, entre 1972 y 2004, de más de 94.000 millones de dólares a los acreedores internacionales y nacionales, según datos del Banco Central de Ecuador[1]. La apertura unilateral de nuestro mercado, resultado de una pésima negociación del acceso al Gatt y la OMC, en 1994[2], nos ha llevado a la pérdida de competitividad, a la quiebra de cientos de empresas y al incremento de la desocupación y la pobreza. Sólo en la administración de Lucio Gutiérrez la desocupación creció del 8 por ciento a más del 11 por ciento; súmese a ello las rigideces de la dolarización, y la liberalización financiera, posibilitada por las reformas de las leyes de Régimen Monetario e Instituciones Financieras, también en 1994, que terminaron en el mayor atraco bancario y financiero de nuestra historia[3].

El panorama desolador se completa con la crisis de las instituciones del Estado nacional, que parecen diseñadas para que no defiendan los intereses colectivos, lo que explica la lentitud del sistema judicial para juzgar a los responsables del atraco financiero y la complicidad del propio Parlamento que usó los vacíos legales para facilitar la consumación de la impunidad.

La primera vez que se mencionó la posibilidad de construir un Área de Libre Comercio de las Américas ocurrió en el año 1987, entre los miembros de la élite del poder de Estados Unidos. Esa idea la recogió, a mediados del año 1990, el Presidente George Bush, padre, en la llamada Iniciativa para las Américas, que destaca la necesidad de:

1. Dar inicio al proceso de creación de una zona de libre comercio que vaya desde Alaska hasta la Tierra del Fuego.

2. Crear un marco de garantías para la inversión extranjera en América Latina.

3. Impulsar mecanismos de reducción de la deuda que mantienen los países latinoamericanos con Estados Unidos.

En 1994, el presidente demócrata Bill Clinton, convocó a una cumbre de jefes de Estado y de gobierno del continente que se realizó en Miami, a la cual concurrieron 34 países, menos Cuba que no fue invitada, y en este contexto Estados Unidos propuso los mecanismos para concretar su proyecto.

Desde el inicio, quedó claro que los principios comerciales del Alca se fundamentan en la normativa del Gatt y la OMC, más específicamente en el fracasado Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI) y que el antecedente más inmediato de un acuerdo similar era el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Tlcan, o Nafta, por sus siglas en inglés[4].

En el año 1998 en la Cumbre de Santiago de Chile se creó un comité de negociaciones compuesto por los viceministros de Comercio de las 34 naciones y se estructuraron nueve grupos de trabajo encargados de preparar los compromisos que debían concluir en enero de 2005. En torno a esos nueve grupos de trabajo se delimitaron las áreas de interés prioritario del Alca: la liberalización de los servicios, las inversiones, la contratación pública, las tarifas arancelarias, la agricultura, la propiedad intelectual, los subsidios, la legislación antidumping y los derechos de compensación y, finalmente, las políticas de competencia y resolución de disputas.

Según se desprende de los documentos oficiales[5], todo iba bien en el proceso de negociación del Alca mientras el panorama político del continente mantenía gobiernos cautivos de las políticas neoliberales impuestas por el FMI, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio. Pero a finales de la década de los noventa la correlación de fuerzas empezó a cambiar y accedieron al poder gobiernos que expresaban públicamente puntos de vista discrepantes con la estrategia estadounidense.

El primero en manifestar sus desacuerdos fue el Presidente Hugo Chávez, de Venezuela, que se había erguido como jefe de Estado sobre una crítica radical al bipartidismo oligárquico representado por el Copei, Demócrata Cristiano, y Acción Democrática, de orientación social demócrata. Chávez dijo –en esencia– que Venezuela no estaba preparada para competir con la gran potencia y que probablemente ingresaría al mercado común de las Américas luego de un cuarto de siglo.

Posteriormente, se produjo el acceso al poder del Partido de los Trabajadores en Brasil. Esta nueva fuerza política y social ha estado empeñada en tomar distancia de la subordinación a Estados Unidos de América, enfatizando el multilateralismo y la cooperación Sur -Sur. Lula llegó a decir: “El Alca no está en la agenda de Brasil”. Y luego agregó: “Desde hace dos años no se discute más el Alca en Brasil. Lo quitamos de nuestra agenda. ¿Y cómo? Fortaleciendo el Mercosur. Creando la Comunidad Sudamericana de Naciones. Tratando de establecer una nueva forma de relación entre los países de América del Sur. “El objetivo”, puntualizó, “es no quedarnos dependientes de Estados Unidos o de la Unión Europea”[6].

Adicionalmente, se había derrumbado el gobierno de Fernando de la Rúa en Argentina; y, en los procesos electorales subsiguientes, llegó el momento en que se impuso un peronista de provincia relativamente desconocido, Néstor Kirchner, quien ha puesto distancias con el FMI y el Alca, actitud que ha sido repetida por los actuales gobernantes de Uruguay y Panamá.

Este viraje obliga a Estados Unidos a transitar del multilateralismo, que utilizó como estrategia de negociación en los primeros años, al bilateralismo que se expresa en las negociaciones de los Tratados de Libre Comercio con Chile, los pequeños países de América Central y República Dominicana. Y, finalmente, en una maniobra artera que busca lesionar a la CAN, se configuran las negociaciones con los gobiernos sometidos de Lucio Gutiérrez en Ecuador, Álvaro Uribe Vélez en Colombia y Alejandro Toledo en Perú. Ante el surgimiento de un bloque latinoamericano que hace serias objeciones al Alca, la táctica es presionar bilateralmente a gobiernos débiles y pequeños, “con los que se pueden utilizar los recursos financieros, políticos, económicos y de seguridad, para asegurar en escala nacional y regional, lo que todavía parece lejano a nivel continental. Es la aplicación del unilateralismo agresivo que el imperialismo norteamericano pone en práctica en todos los ámbitos de la vida internacional”[7].

Los escollos surgidos en la puesta en marcha del Alca fueron de tal magnitud que, en otras circunstancias, la gran potencia pudo haber abandonado el proyecto para refugiarse en su tradicional tendencia a priorizar los asuntos internos en su agenda política y económica. Es claro que no podía haber un Área de Libre Comercio de las Américas sin la presencia de países como Brasil, que tiene una extensión geográfica de 8 millones 500 mil kilómetros cuadrados de territorio y una población de 165 millones de habitantes, equivalente casi a la mitad de América del Sur. Súmese a ello el peso de otros importantes Estados nacionales como Argentina y Venezuela, y se tendrán los elementos para determinar la magnitud del dique que había surgido. Pero el Imperio es tozudo y vanidoso. Robert Zoellick, entonces representante de Comercio de Estados Unidos, advirtió el 16 de mayo de 2004, en el Instituto de Economía Internacional de Washington: “Negociar un TLC con Estados Unidos no es algo a lo que alguien tiene derecho, es un privilegio”.

¿Por qué Estados Unidos persiste en su proyecto? Para responder a esta pregunta conviene tener en cuenta que el orden mundial posterior al fin de la Guerra Fría se caracteriza por un conjunto de elementos contradictorios: por un lado, desde el punto de vista político y militar, se evidencia el enorme poder que ha concentrado Estados Unidos, que aparece como la única potencia mundial con el poder de intervenir –casi impunemente– en cualquier lugar del mundo. A la consolidación de esa hegemonía contribuye el debilitamiento de la Organización de las Naciones Unidas y también de los principales foros en que se organizaban y expresaban las naciones del Sur.

Sin embargo, desde el punto de vista económico, comercial y financiero, el mundo es claramente multipolar. El eje del dominio planetario se concentra en la tríada formada por Estados Unidos y Canadá, la Unión Europea con sus 25 miembros actuales y Japón y los Tigres Asiáticos, entre los cuales se incluye la poderosa China. El exclusivo club de los ricos del mundo se expresa en el G-7, formado por Estados Unidos, Canadá, Alemania, Gran Bretaña, Francia, Italia y Japón. No hablamos del G-8, como lo hacen algunos periodistas, porque los propios informes del FMI señalan que la Rusia de Vladimir Putin ha sufrido en los tres últimos lustros la mayor regresión económica de su historia. Pero sería un error pensar que en la tríada o en el G-7 se agota toda la potencialidad del mundo desarrollado; para tener un panorama completo de la multipolaridad hay que incluir en el continente asiático a la India, en África a Sudáfrica, en Europa a Turquía y en América Latina al menos a Brasil. En lo financiero, si revisamos las estadísticas mundiales, podemos constatar la sostenida depreciación del dólar y su pérdida de influencia frente a la apreciación continua del euro y del yen, entre otras monedas fuertes. El sistema motario y financiero de Bretton Woods está herido de muerte y la urgencia de que la comunidad internacional discuta y encuentre una nueva arquitectura de ese sistema es un asunto prioritario. Los abultados déficits de Estados Unidos en la balanza comercial y de pagos en sus relaciones con Europa y los países asiáticos están en el origen de la búsqueda afanosa de la élite del poder estadounidense, que sabe que si quiere mantener su influencia y su peso en los asuntos mundiales debe consolidar y reafirmar su hegemonía sobre el continente americano. No es el altruismo o la generosidad para promover el desarrollo de América Latina lo que orienta y guía este proceso –como dicen sus epígonos superficiales– sino las necesidades geoestratégicas y geopolíticas de la gran potencia que busca, en primer término, descargar el peso de su crisis sobre otros y, en segundo lugar, disponer de una zona de dominio exclusivo y de un mercado ampliado para la exportación de sus excedentes y la importación de las materias primas imprescindibles.

En una carta dirigida al Congreso estadounidense el 18 de noviembre de 2003, Robert Zoellick, por esa fecha representante comercial de Estados Unidos, explica las razones por las que se impulsa la firma de un Tratado de Libre Comercio con Ecuador, Colombia y Perú:

"Nos permitirá resolver algunos impedimentos al comercio y a las inversiones, incluyendo una protección inadecuada de los derechos de propiedad intelectual, altos aranceles sobre productos agrícolas, un uso injustificado de medidas sanitarias y fitosanitarias, prácticas de permiso restrictivas, tratamiento discriminatorio a inversiones y limitaciones en el acceso por parte de los proveedores de servicios".

En esta misma carta, el representante comercial de Estados Unidos señala los 39 objetivos que persigue ese país al iniciar sus negociaciones con los países andinos. Mencionemos algunos de ellos:

• Que los países andinos protejan las patentes como lo hacen las leyes estadounidenses.

• Eliminar o reducir las barreras a la inversión estadounidense y que los inversionistas de Estados Unidos sean tratados como si fueran inversionistas locales.

• Que se abran los mercados andinos para la exportación de excedentes agrícolas[8].

Por su lado, la embajadora de Estados Unidos en Quito, Kristy Kenney, al inicio de las negociaciones, en mayo de 2004, demostró que el imperio no ha renunciado a su vieja política de la amenaza y el chantaje. Ella dijo que es necesario “que Ecuador resuelva sus problemas con empresas de Estados Unidos... antes de sentarse en la mesa de negociación de un TLC bilateral”. La embajadora y otros funcionarios de menor rango hicieron saber que sus exigencias buscaban resolver el juicio contra la Texaco que mantiene desde el año 1993 un grupo de pobladores de la región amazónica. Se ha dicho también que se deben satisfacer las exigencias económicas de varias empresas como la Occidental Petroleum, la telefónica Bell South, IBM y Duke Energy. Las presiones se han dirigido igualmente al Congreso Nacional para que apruebe, en segundo y definitivo debate, el proyecto de Ley de Biodiversidad que promueve el control por parte de las ONG e institutos de investigación estadounidenses de las áreas ricas en biodiversidad. Ya en el proceso de negociación, Estados Unidos ha hecho saber que es su interés sobreproteger el pago de la deuda externa y mantener una fuerte asociación en la guerra que libra ese país contra el narcotráfico y el terrorismo.

De la información proporcionada por los medios de comunicación, cuya característica ha sido la dispersión, así como de los discos compactos, fotocopias y folletos entregados por el Ministerio de Industrias, Comercio e Integración durante las administraciones de Ivonne Baki y Oswaldo Molestina, se pueden extraer algunas de las características de lo que han sido las 11 rondas de negociación del TLC entre Ecuador, Colombia y Perú, por un lado, y Estados Unidos, por el otro.

Durante la administración del Coronel Lucio Gutiérrez y ahora en la fase del continuismo de quien era su vicepresidente, el actual presidente Alfredo Palacio, los rasgos más notorios de la negociación del TLC con Estados Unidos han sido el sometimiento, la improvisación, la confidencialidad, es decir, el hermetismo y la total desvinculación de la sociedad ecuatoriana. “Los únicos que parecen involucrados, señaló el editorial de la revista Líderes, son los miembros del equipo negociador y una élite empresarial que los acompaña, aunque en calidad de espectadores. En total no suman más de 200 personas”[9].

El primer equipo negociador duró desde el inicio de las negociaciones, en mayo de 2004, hasta la rebelión del pueblo quiteño el 20 de abril de 2005 y tenía siete miembros. El Coronel Presidente encabezaba el equipo con tal grado de sometimiento e irresponsabilidad que varias veces había expresado públicamente que la consigna sobre el TLC era “firmar o firmar”, lo que se convirtió en la primera gran desventaja del equipo negociador ecuatoriano. La señora Ivonne Baki, ministra de Industrias, Comercio e Integración, era la segunda a bordo. Cristian Espinoza era el negociador jefe en su condición de subsecretario de Comercio Exterior. Tiene estudios superiores en filosofía, economía y administración en las universidades de Boston y Harvard. Espinoza fue representante alterno de Ecuador a la CAN y delegado ante la OMC, en Bruselas. Ocupa ese cargo por ser amigo de la señora Ivonne Baki, a la que conoció en Harvard. En la 10a Ronda de Negociaciones, efectuada en Guayaquil, Espinoza reapareció como miembro de una comisión asesora técnica, formada por el nuevo ministro de Comercio y jefe negociador ecuatoriano, Oswaldo Molestina[10].

Con este lenguaje deportivo, el diario de negocios Dinero, anunció la renovación parcial del equipo de negociaciones del TLC que participó en la 10a Ronda en Guayaquil. El nuevo equipo está integrado por el presidente Alfredo Palacio, quien mantuvo en suspenso al sector pro yanqui de las Cámaras de la Producción al no asistir a la Ronda de Guayaquil hasta pulsar de modo suficiente el contenido de ese proceso; Oswaldo Molestina, ministro de Comercio Exterior que ha decidido ser el jefe del equipo negociador y es parte de la cuota de la Izquierda Democrática en el gobierno; José Miguel Terán, Roberto Aguirre Román, presidente este último de una empresa atunera; Vinicio Baquero, presidente del Consejo Nacional de Educación Superior (Conesup), que ha festinado permisos para la creación de nuevas universidades acusadas de traficar títulos de tercer nivel; Miguel Peña Valle, quien se mantiene desde el equipo anterior como representante del sector privado y Raúl López Paredes[11].

En su época de conspirador, Palacio dijo del equipo negociador de Gutiérrez que era “debilucho” y formuló algunas advertencias sobre la forma en que se estaba negociando el tema de la salud. Molestina, al posesionarse del Ministerio, hizo eco de la posibilidad de someter todo el proceso a consulta popular. A los pocos días toda esa retórica de cambio se ha esfumado. Con razón, uno de los investigadores económicos más sólidos del Ecuador contemporáneo, René Báez Tobar, dijo: Que el régimen cipayo de Gutiérrez impulsara la 'constitucionalización' de la dependencia mediante la suscripción del TLC ('el TLC va porque va' declaró el dictócrata), aunque vergonzoso e indignante, no conllevaba sorpresa. En cambio, que un gobierno como el de Palacio, producto de las movilizaciones éticas, nacionalistas y antineoliberales del 'abril forajido' quiteño, haya decidido apostar a la fórmula integracionista-anexionista de Washington, aparece como un escarnio a la fe pública.[12]

En efecto, en ningún sector de la economía se pueden visualizar con mayor nitidez que en la agricultura las abismales diferencias entre Ecuador y Estados Unidos. La agricultura de Ecuador, según el Banco Central, genera por sí sola el 9 por ciento del PIB. En ella se ocupa la cuarta parte de la población nacional. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) dice en un estudio del año 2000 que 3’419.000 personas obtuvieron sus ingresos de la agricultura. Si hablamos de la población económicamente activa, 1’203.315 trabajadores, 26,2 por ciento de la PEA, laboran en la agricultura. La agricultura es la mayor fuente de empleo del país, con el ingrediente adicional de que entre el 80 y el 90 por ciento son campesinos que generan sus propias fuentes de empleo y que reproducen sus inéditas formas de organización social y cultura material y espiritual.

Los agricultores viven abandonados a su propia suerte en un país en donde la clase dominante no tiene un proyecto nacional, no defiende los intereses de su propio pueblo y acepta pasivamente las políticas que se imponen desde fuera. Por ello, el 92 por ciento de los productores opera sin crédito y el 93 por ciento no tiene asistencia técnica. El 72 por ciento de la producción hortícola carece de infraestructura de riego. El 90 por ciento de los campesinos utiliza semilla común, sin certificar ni mejorar.

Un hombre visionario, Franklin D. Roosevelt, profundizó las políticas de protección agrícola que buscaban reactivar la economía luego del brutal impacto de la Gran Depresión ocurrida entre 1929 y 1933. El proteccionismo estadounidense, uno de los más rígidos del mundo, se ejerce por medio de dos mecanismos: primero, los subsidios, ayudas y créditos; y segundo, los precios mínimos, siempre mayores a los del mercado internacional, que buscan garantizar una ganancia mínima del 40 por ciento al agricultor norteamericano.

El proteccionismo a la agricultura de Estados Unidos significa un egreso anual de 90.000 millones de dólares que se destinan a subsidios de 14 productos del agro: trigo, maíz, soya, leche, carne, sorgo, oleaginosas, aceites, frutas, arroz, azúcar, huevos, tabaco y algodón[13]. El proteccionismo se orienta sobre todo al trigo, el maíz y otros granos forrajeros, el arroz, el algodón, la soya, el azúcar y los lácteos.

¿Qué protege y qué gana Estados Unidos con este enorme gasto? Primero, disponer de una base alimentaria propia. Sería insólito para una potencia mundial no tener una estrategia alimentaria en tiempos de paz y de guerra. En segundo lugar, disponer de excedentes agrícolas enormes le permite a Estados Unidos influir en la fijación de los precios internacionales y controlarlos.

¿Pueden los negociadores ecuatorianos o los andinos modificar esta política proteccionista? La respuesta categórica es no, pues el 80 por ciento de esos subsidios forman parte ya del compartimento verde de la OMC, es decir, de las medidas de ayuda a la agricultura que satisfacen criterios generales y están financiadas con fondos públicos, o sea, son subvenciones aceptadas por esa organización. Los subsidios no aceptados están en el compartimento rojo y constituyen el 14 por ciento, y sólo el restante 6 por ciento se mantiene en los compartimentos “ámbar” y “azul”. El compartimento ámbar hace referencia a medidas de apoyo en materia de precio y de ayuda a la producción que debían reducirse o eliminarse como resultado del acuerdo sobre agricultura de la OMC.

El compartimento azul hace referencia a las medidas de apoyo a la agricultura, adoptadas por los países miembros de la OMC de conformidad con el Artículo 6.5 del Acuerdo sobre la Agricultura de esa organización. Esta disposición a realizar pagos directos a los productores agrícolas debe hacerse en el contexto de programas destinados a limitar la producción agrícola. Dichos pagos no estarán sujetos a compromisos de reducción. De modo que lo que se discute en las mesas de negociación es, en el mejor de los casos, la vigencia o no del 20 por ciento de los subsidios[14].

En el contexto de la guerra estadounidense contra las drogas, en 1991 entró en vigencia la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (Atpa) como un mecanismo de compensación a los países de la región que se comprometieron en la lucha contra las drogas. Esta ley estuvo en vigencia hasta el año 2001 y permitía el ingreso libre de aranceles de unos 6.100 productos.

En el 2002, la Ley adoptó el nuevo nombre de Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y de Erradicación de las Drogas (Atpdea), que estará vigente hasta el año 2006. Uno de los mecanismos de presión más fuertes en la negociación del TLC ha sido el señalamiento por parte de la delegación estadounidense de que las ventajas de la Atpdea continuarán de modo indefinido si se aprueba el TLC o, de lo contrario, finalizarán cuando está previsto.

Durante las últimas décadas, el mayor socio comercial de Ecuador ha sido Estados Unidos, al que se destinan entre el 38 y el 42 por ciento de las exportaciones, seguido de Colombia (entre el 5 y el 7 por ciento). En el último lustro Ecuador exportó a Estados Unidos un promedio de 2.290 millones de dólares en valor FOB, de los cuales 340 millones se benefician del Atpdea; otros 650 millones ingresan al coloso del Norte con arancel cero.

En el ámbito de las importaciones, de Estados Unidos provienen entre el 21 y el 25 por ciento de nuestras compras externas, con un promedio en los últimos cinco años de 1.345 millones de dólares en valor CIF (couta de seguro sin flete). De Colombia provienen entre el 13 y el 15 por ciento de las importaciones. El 91 por ciento de las importaciones provenientes de Estados Unidos son de productos industrializados, pero también compramos en el mercado de la gran potencia productos sensibles como maíz y soya, que forman parte de los balanceados con los que se alimentan los pollos y cerdos que se consumen en el mercado nacional.

Si el resultado de las negociaciones en curso fuese la apertura total a la importación de maíz estadounidense, los productores de maíz nacional desaparecerían. Este dato lo saben los negociadores que han ubicado el maíz entre los productos ultrasensibles. Adicionalmente, Estados Unidos utiliza múltiples barreras no arancelarias. Un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) sobre los impactos del TLC en la agricultura ecuatoriana muestra que, entre los 50 principales productos que importa Ecuador de Estados Unidos, sólo el 16 por ciento se realiza sin ninguna barrera, el 54 por ciento se efectúa con una barrera, el 18 por ciento con dos barreras y el 12 por ciento con tres barreras no arancelarias, entre las que se incluyen cuotas, contingentes, salvaguardias, licencias, prohibiciones, inspecciones, medidas sanitarias y fitosanitarias, entre otras.

Estudios realizados por la Cepal y el Banco Central de Ecuador llegan a la conclusión de que el sector agropecuario es el más vulnerable frente a la posibilidad de una apertura indiscriminada con Estados Unidos. En primer lugar, por las asimetrías abismales en la producción y productividad entre los dos aparatos agrícolas. El rendimiento promedio por hectárea en Estados Unidos en arroz, cebada, maíz y papas es superior al de Ecuador en un 421,4 por ciento.

El monto de la producción otal de papa de Estados Unidos es superior en un porcentaje del 9.618 por ciento al de Ecuador. La superpotencia subsidia a sus agricultores con alrededor de 55.000 millones de dólares anuales, equivalentes a 1,7 veces el PIB de Ecuador. Eso significa que cada agricultor norteamericano recibe entre 20 y 22 mil dólares anuales. En la ganadería, estudios realizados por los propios académicos de Estados Unidos demuestran que, si una vaca vale 500 dólares, los dueños reciben del Estado norteamericano una ayuda de 155 dólares. El país tiene 96 millones de reses y 9,6 millones son vacas lecheras. Ecuador posee 4,5 millones de reses de las que 808.855 son vacas lecheras.

En el campo ecuatoriano los agricultores, sobre todo los medianos y pequeños, no reciben ninguna clase de subsidios del Estado. El 92,6 por ciento de las unidades productivas trabaja sin crédito, el 93,2 por ciento no recibe ningún tipo de asistencia técnica; y correlativamente los niveles de educación de los trabajadores agrícolas son decepcionantes: el 65,3 por ciento sólo ha recibido instrucción primaria y el 22,5 por ciento no tiene ningún nivel de educación.

En medio de las asimetrías mencionadas, la delegación norteamericana ha dejado entrever en sus planteamientos que persiste en su proyecto de viabilizar el desarrollo de una agricultura sin agricultores, asumiendo el control monopólico de las semillas, facilitando el comercio de productos transgénicos y consiguiendo nuevos mercados para sus excedentes agrícolas. Los países andinos representan el tercer destino en el continente de las exportaciones agrícolas de Estados Unidos, luego de Canadá y México. En el 2003 las exportaciones agrícolas de la superpotencia sumaron US$60,5 mil millones. De ellos, Canadá compró US$10,7 mil millones, México US$7,6 mil millones y los tres países andinos US$725 millones, que sumarían una cifra mayor si se incluyera a Venezuela y a Bolivia[15]. Estados Unidos ha dicho que en esta negociación no está dispuesto a tratar el tema de los subsidios, y que sólo lo abordará en el contexto de la OMC, cuando la Unión Europea y los países asiáticos renuncien a mecanismos similares de protección a sus agricultores.

En esta mesa de negociación se decidió incluir también los asuntos relacionados con la pesca y la silvicultura. Dos hechos llamaron poderosamente la atención en el transcurso de las negociaciones: el primero fue el relacionado con el futuro del atún en lata. La flota atunera había dicho muchas veces, a través de sus dirigentes gremiales, que no le temía al TLC, pero Estados Unidos no está dispuesto a admitir el ingreso con cero aranceles de ese producto. Este país cobra un arancel del 32 por ciento para el atún ecuatoriano enlatado en aceite y el 6 por ciento para el producto en agua. El argumento de la delegación estadounidense es que el atún en lata tiene su origen en la captura por barcos que no tienen bandera nacional. Sólo entonces los dirigentes gremiales y empresariales han advertido que los barcos de su flota necesitan modernizarse para estar en condiciones de igualdad con la flota norteamericana.

El otro caso es el de las flores, especialmente el sector de las rosas. Las tecnologías de punta que se utilizan y las ventajas comparativas y competitivas que nos han ubicado, en los últimos años, en niveles comparables a los de Colombia, superando a países con una larga tradición florícola, como Holanda y Zaire, llevaron a sus dirigentes a mirar con alegría el TLC. El optimismo, sin embargo, se ha visto detenido por el anuncio norteamericano de que se pondría un arancel del 7 por ciento para el ingreso de flores a su mercado, lo que significaría un verdadero desastre, en opinión de sus voceros. Los partidarios del TLC con Estados Unidos al parecer ignoran la gran verdad enunciada por James Petras: “La política agraria estadounidense no tiene aliados permanentes, sólo intereses permanentes”[16]. Los camaroneros ecuatorianos, que en 1998 llegaron a exportar 900 millones de dólares, no se han repuesto de los daños causados por el virus de la mancha blanca. Sus dirigentes consideran que, aún si los aranceles bajan a cero, no podrán beneficiarse en un primer momento pues tienen “pendiente el problema del dumping que hace que se sigan gravando las exportaciones ecuatorianas con un 3,58 por ciento de arancel[17]. El Presidente de la Cámara de Acuacultura señala que para volverse competitivos necesitan crédito e incentivos tributarios.

1. El Alca y los TLC son parte de la misma estrategia estadounidense destinada, según el ex secretario de Estado Colin Powell, a garantizar a las empresas de Estados Unidos el control de un territorio que vaya desde el Ártico hasta la Antártida y el libre acceso a sus productos, servicios, tecnología y capitales.

2. Los gobiernos latinoamericanos perderán los pocos mecanismos que les quedan para buscar el bienestar colectivo y el desarrollo nacional y regional. A la luz de la experiencia mexicana del Nafta, se podría decir que la profundización neoliberal que implica el TLC traerá consigo crecimiento con estancamiento, en un proceso intermitente en que se impone la segunda tendencia como un rasgo de las economías periféricas.

3. El principio de la confidencialidad, es decir, negociar el TLC de espaldas a la nación es inmoral y antidemocrático.

4. EL TLC de los países andinos es una maniobra artera contra la CAN y constituye un atentado contra los procesos de integración vigentes en América Latina.

5. El haber desarrollado esta negociación sin una agenda nacional, sin un diagnóstico previo de la economía nacional, sin proyecciones técnicamente elaboradas de la misma, constituye un ejemplo de la irresponsabilidad con la que actúan las clases dominantes en el manejo del Estado nacional.

6. Los equipos negociadores están conformados en su mayoría por personas sin la preparación académica y la experiencia necesaria.

7. El sector agrícola, sobre todo la agricultura destinada al consumo interno y a la reproducción de la vida y la cultura de nuestro pueblo, debería estar fuera del proceso de negociación del TLC.

8. De consumarse el TLC con Estados Unidos sin una consulta nacional previa, se confirmará la sospecha de que Lucio Gutiérrez y Alfredo Palacio son las dos caras de la misma moneda colonial, pese a las vacilaciones de este último durante el período de transición.

Notas

[1] Diario El Comercio de Quito, 27 de junio de 2003. Datos más estimaciones para el 2003 y 2004.

[2] Tobar, Bayardo. “El ingreso del Ecuador a la OMC: simulacro de negociación”. En: Abya Yala, Quito, 2003.

[3] Salgado, Wilma . “Desencadenantes y beneficiarios de la crisis económica en el Ecuador”. En: Ecuador Debate, diciembre de 1999.

[4] Maude Barlow, “A Alca e a ameaca aos programas sociais, a sustentabilidade ambiental e a justicia social nas Américas”. pp. 11-12. Ver Alca integración soberana o subordinada, Editora Expresión Popular. Sao Paulo. 2001.

[5] http://www.ftaa.alca.org.

[6]Revista Líderes, 25 de abril de 2005, p. 22.

[7] Del Río, José Merino. “Costa Rica, el amigo americano”. En Nueva Gaceta, N° 9, Bogotá, octubre de 2004, febrero de 2005, p. 82.

[8] Ver Boletín de Acción Ecológica, N° 132. Quito, febrero de 2004.

[9] Revista Líderes, 23 de agosto de 2004, p. 2.

[10] Revista Líderes, 7 de junio de 2005, p. 2.

[11] Diario de negocios Dinero, N° 236, lunes 6 de junio de 2005, p. 4.

[12] Báez, René. Ecuador. “Refundación ‘al revés’ ”. Servicio Informativo ALAI. Amlatina, 17 de agosto de 2005.

[13] Revista Líderes, 28 de marzo de 2005, p. 6.

[14] “Situación de las negociaciones sobre agricultura de la OMC”. Documento analítico del Centro Sur, Glosario. Julio de 2005. Oxfam Internacional.

[15] Revista Líderes, 9 de agosto de 2004, p. 6.