La economía política de Visión Colombia II Centenario

Como bien lo señala el documento Visión Colombia II Centenario, elaborado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el ejercicio “se propone unas metas por convicción política”. Es una propuesta política que conlleva implícita una visión ideológica y una concepción acerca del Estado y el desarrollo de la sociedad. Es necesario, en consecuencia, indagar cuáles son los actores políticos que están detrás de la propuesta; quiénes se beneficiarán con las estrategias propuestas para lograr los objetivos y cuáles son los costos en que se incurrirá para lograr los objetivos.

Dos ideales éticos enmarcan la propuesta: i) consolidar un modelo político sustentado en los principios de “libertad, tolerancia y fraternidad” y ii) un modelo socioeconómico basado en la “igualdad de oportunidades y con un Estado garante de la equidad social” (p. 7). Ideales éticos que son mucho más restrictivos que los preceptos constitucionales, los cuales hablan de un “Estado democrático, participativo y pluralista, fundado en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general” (Art. 1 de la Constitución Política de Colombia). Hay diferencias profundas entre tolerancia y pluralismo y entre fraternidad y solidaridad. Como señala el Diccionario de la Real Academia Española, tolerancia “es el respeto y consideración hacia las opiniones o prácticas de los demás, aunque repugnen a las nuestras”, mientras pluralismo es la posibilidad de coexistir legítimamente concepciones diferentes entre aspectos vitales de la sociedad.

Mientras solidaridad es la adhesión a la causa de otros, fraternidad es la buena correspondencia entre hermanos o entre los que se tratan como tales. Las diferencias no son triviales, no son simples problemas semánticos, son diferencias profundas y tienen incidencia en lo político. Mientras la pluralidad permite la búsqueda de acuerdos con los que expresan opiniones diferentes e incluso contrarias y a través de ese intercambio de puntos de vista se enriquecen las opiniones de unos y otros, la mera tolerancia no lo permite, es excluyente. La fraternidad es la unión entre iguales, mientras la solidaridad es la adhesión a las empresas de los otros, adhesión colectiva sin importar la condición de cada uno de los miembros.

Construir una visión de futuro teniendo como punto de partida la tolerancia y la fraternidad, no puede conducir sino a la elaboración de una visión oligárquica de la sociedad y su desarrollo. Concepción que está implícita en el segundo principio, cuando se habla de “igualdad de oportunidades y de un Estado garante de la equidad social” y en párrafos mas adelante donde se señala, de una parte, las profundas desigualdades existentes en la sociedad colombiana y, de otra, que el camino a seguir es “continuar y profundizar la reforma política”, que es la causa principal de la baja eficacia del gasto público, y se ha limitado únicamente a privatizar las empresas de servicios públicos, suprimir programas, eliminar funcionarios y disminuir las condiciones laborales de los servidores del Estado; amén de fusionar, sin ton ni son, organismos gubernamentales, impidiendo –en muchos casos– el cumplimiento de las funciones esenciales para las que fueron creados originalmente.

El conjunto de políticas económicas seguidas a lo largo de los últimos quince años, acordes con los postulados del Consenso de Washington, no ha permitido mantener un régimen estable de crecimiento. La tasa anual promedio de crecimiento del PIB ha sido inferior a la existente durante el período 1970/90, fase final del período de sustitución de importaciones. La reducción de los niveles de crecimiento ha ido acompañada de alzas en las tasas de desempleo, deterioro –a partir de 1998– de los principales indicadores de calidad de vida, concentración del ingreso y el empobrecimiento de una parte cada vez más importante de la población. Según la Contraloría General de la República, en el año 2003 el 5 por ciento de la población estaba por debajo de la línea de pobreza. La reducción de la inflación se ha logrado a un gran costo social y económico; y, sin embargo, la propuesta de la Visión Colombia II Centenario, es profundizar dicha política.

El documento se fija cuatro grandes objetivos –a partir de los dos principios éticos ya mencionados– que son: i) una economía que garantice mayor nivel de bienestar; ii) una sociedad más igualitaria y solidaria; iii) una sociedad de ciudadanos libres y responsables; y iv) un Estado al servicio de los ciudadanos. Para lograr tales objetivos se propone –como lo veremos enseguida– reprimarizar la economía colombiana. En el documento se plantea que “el sector agropecuario deberá ser un motor del crecimiento, de la generación de empleo y de la modernización del aparato productivo en los próximos años” (p. 16). Igualmente, señala que es “importante tener claro que Colombia sólo se beneficiará de las oportunidades de la expansión de la economía mundial si aprovecha plenamente las condiciones, variedad y situación geográfica de su territorio, a la vez que asimila los costos que éste le genera para proveer ciertos bienes públicos como gobernabilidad y seguridad” (p. 12).

La estrategia propone, en síntesis, profundizar las ventajas heredadas (clima, situación geográfica,…), mientras el paradigma tecnológico dominante está sustentado en las ventajas construidas, con el argumento de que las economías emergentes –China, India y Rusia– están demandando cada vez más alimentos y materias primas y, en consecuencia, se prevé en el futuro próximo incrementos importantes en el precio de los bienes primarios, para concluir que “lo anterior pone en evidencia que un incremento en la producción tiene que realizarse especialmente para los mercados externos” (p. 13). El documento señala en varios apartes que el mercado interior es demasiado pequeño para sustentar un rápido crecimiento de la economía, sin nunca preguntarse acerca de las razones que impidieron el crecimiento de dicho mercado, y no tiene en cuenta que el PIB de Colombia entre 1950 y 1990 presentó una de las tasas promedio anual de crecimiento más altas de América Latina.

Al contrastar las dinámicas de la expansión paramilitar en la última década, la estrategia de negociación del actual gobierno con estos grupos y la Visión Colombia II Centenario, elaborada por el DNP bajo la orientación del presidente Uribe quién –como lo señala en los agradecimientos Santiago Montenegro– la concibió desde su campaña presidencial, se encuentra la existencia de ciertos elementos que le otorgan coherencia a acciones hasta ahora consideradas, por todos, dispersas, desconectadas e incluso caóticas. En primer lugar, si bien el paramilitarismo, con sus múltiples nexos con el mundo de la política, la economía y organismos del Estado, fue un proyecto en principio contrainsurgente, sus actores principales (jefes, financiadores...) rápidamente lo convirtieron en un mecanismo de expropiación de tierras y expulsión de población, fenómeno profundizado con la irrupción de narcotraficantes en la conducción y orientación de dichos grupos. La Procuraduría General de la Nación ha mostrado en el documento “Protección de bienes patrimoniales de la población desplazada”, cómo una gran mayoría de los desplazados eran medianos propietarios, y diferentes estudios han señalado cómo han pasado más de 4 millones de hectáreas a manos de narcotraficantes y paramilitares, dando lugar a una mayor concentración de la propiedad sobre las tierras. En la denominada Ley de Justicia y Paz no se contemplan mecanismos claros para la reparación real a las víctimas, que incluyan, entre otros, mecanismos expeditos para devolverles las tierras a sus legítimos propietarios.

Reprimarizar la economía colombiana conducirá, inexorablemente, a elevar la renta de la propiedad rural y a aumentar su participación en el ingreso nacional, particularmente en aquellas áreas donde se realicen los cultivos de exportación. Bajo el acápite “Desarrollar el potencial productivo y diversificar las exportaciones” (p. 151 y ss.), se presentan los lineamientos generales de la estrategia y se señalan los productos seleccionados, entre los cuales se destacan el plátano, la palma africana, biocombustibles y madera aserrada, tanto por su potencial exportador, como por el hecho de que en la zona en que actualmente se producen, sus potenciales productores han sido el escenario de masacres campesinas y expulsión masiva de población (Urabá, Magdalena medio, Chocó) y presentan un amplio dominio paramilitar.

La administración actual ha dado pasos importantes para poner en marcha la Visión Colombia II Centenario-2019, aunque presenta el documento como una propuesta para discusión. Entre otros pasos ya dados en este sentido cabe citar la eliminación de las zonas de reserva campesina en las áreas susceptibles de este tipo de cultivos. El documento no plantea una política de redistribución de tierras, y se limita a señalar, vagamente, la “redistribución de la tierra resultante de la extinción de dominio” (p. 154). La política que se pretende implantar –y se dan pasos firmes en este sentido– es un modelo de Agro-business que implica, entre otros, una mayor concentración de la tierra, una explotación interna poco preocupada por un desarrollo sostenible y la expulsión de la población campesina. Los efectos destructivos de este modelo pueden apreciarse en Brasil, donde el Mato Grosso se ha convertido en el principal productor de soya pero igualmente en la zona de deforestación más intensa.

Entre agosto de 2003 y agosto de 2004 se destruyeron 26.000 kilómetros cuadrados de selva amazónica. ¿Será el ejemplo a seguir? El proyecto de Ley Forestal –punto clave dentro de la Visión[1]– pareciera confirmarlo. La explotación intensiva de zonas de amplia biodiversidad como son los bosques tropicales y semitropicales conllevará su destrucción. Las compañías madereras internacionales explotan intensivamente bosques en EE.UU., Canadá o Escandinavia de forma sostenible y, sin embargo, estas mismas firmas han fracasado en Brasil, Indonesia y África y la explotación se ha convertido en una destrucción del bosque tropical.

Finalmente, otro vector de crecimiento es el turismo, para lo cual se propone consolidar un modelo de desarrollo turístico para el Caribe y el Pacífico colombiano. El documento señala, sin entrar en mayores detalles, que Colombia recibe menos turistas que otros destinos en el Caribe y presenta un potencial importante si se promueve adecuadamente. En principio, la expansión turística, como el lograr un mayor volumen de bienes primarios exportados, es positiva siempre y cuando los costos sociales sean muy inferiores a los beneficios sociales que dichas actividades puedan generar. Lo que es preocupante es que ciertos proyectos turísticos que se discuten actualmente para el Caribe colombiano, apoyados por las autoridades locales como la Gobernación del Magdalena, contemplan la “privatización” de extensas zonas de los parques nacionales y las playas para la creación de complejos turísticos, y la destrucción del medio ambiente. Además, los teleféricos a Pueblito y Ciudad Perdida en la Sierra Nevada, que conllevan el desplazamiento de población afro colombiana e indígena, no han sido rechazados públicamente por el alto gobierno y, por el contrario, son cada vez más frecuentes las declaraciones de altos funcionarios que señalan que las comunidades locales (para referirse a las comunidades pobres y minorías étnicas), ecologistas y defensores de derechos humanos no pueden oponerse al “progreso”, queriendo decir al beneficio de unos cuantos inversionistas, asociados con algunas zonas o grupos paramilitares, en detrimento de la población local.

En síntesis, una estrategia, como la planteada en la Visión Colombia II Centenario, que como punto nodal desestimula la importancia del mercado interno como factor de crecimiento y, concomitante con ello, centra el crecimiento en la producción de bienes primarios y el turismo, actividades en las cuales la existencia de salarios bajos son un factor importante para lograr ser competitivos, puede dar lugar a un debilitamiento generalizado de salarios y en consecuencia, a una reducción de la demanda agregada que afecte negativamente al conjunto de la economía.

Nota

[1] Las metas más elevadas en crecimiento del empleo, en producción y áreas se le fijaron al sector forestal. Se espera que la producción en 2019 sea 2,3 veces la de 2003 y el empleo se multiplique por 7 veces.