Telecom
LA VERDAD
OCULTA
Por Eberto López
Machado
A raíz del anuncio de la firma de un
memorando de entendimiento entre el magnate Carlos Slim y el gobierno
nacional para crear una empresa conjunta a costa del patrimonio de Telecom,
Nueva Gaceta invitó a Eberto López Machado, profundo conocedor del tema, a
que opinara sobre el asunto. Gracias a la presión ejercida desde diversos
sectores en torno al oscuro propósito gubernamental, Uribe Vélez desistió de
su empeño por el momento. Pero más allá de los términos específicos del
contrato con Slim están los asuntos que no afloraron en la discusión, de
manera que el presente artículo no ha perdido actualidad, pues como indicó
el mismo gobierno, se buscará un nuevo “socio”.
Desde cuando en el gobierno de Virgilio
Barco se tomó la decisión de abrir el sector de las comunicaciones a la
competencia, mediante la expedición de la Ley 73 de 1989, se ha venido
ocultando al país el verdadero interés que tienen las multinacionales en el
sector, y de ello se han valido tanto ministros del ramo como asesores para
hacer sus propios negocios. No terminan de dejar sus cargos en el gobierno
para ejercer de manera inmediata en el sector privado. Los mejores ejemplos de
ello son José Fernando Bautista, ex ministro y Sergio Regueros, ex asesor de
la cartera de Comunicaciones.
Por su ubicación, Colombia goza de una serie
de ventajas que representan el interés real de quienes hoy tratan de quedarse
con el sector. El país cuenta con una dotación de recursos naturales poco
comunes en el mundo, tales como la repetidora más alta del mundo al nivel del
mar (la Sierra Nevada de Santa Marta), una línea de vista recta desde las
costas del Chocó hasta el Japón, su ubicación exactamente bajo la órbita
geoestacionaria, amén de su envidiable posición que le permite tener
terminales de cables interoceánicos en los dos mares.
Estos son los asuntos que los gobiernos
ocultan de manera sospechosa y sobre los que no se discute, pues son bienes
intangibles e invaluables que le dan un valor y una fortaleza incalculables a
nuestro país en materia de comunicaciones. A la postre, estos bienes serán
explotados por los pulpos que se apoderen del sector.
El gobierno siempre ha recurrido al engaño
para dejar entrar a las multinacionales a este sector. En la década pasada,
cuando se definió abrirlo a la competencia, se apeló a dos argumentos: la baja
densidad telefónica que presentaba el país y la obsolescencia que, según el
Gobierno, tenía Telecom para ese entonces.
Con respecto a la baja densidad telefónica,
trascurridos más de diez años de haberse hecho esa falsa afirmación, la excusa
sólo sirvió para que los negociantes se enriquecieran con los famosos
contratos de asociación a riesgo compartido (Joint Venture), en los cuales no
solo se comprometieron recursos de la empresa, sino los ingresos de los
servicios que ya prestaba Telecom, procedentes de los ingresos por larga
distancia nacional e internacional, los datos y la telefonía local extendida.
Para poder cumplir con las exigencias y
metas de los inflados cálculos de producción que sustentaron los Joint Venture,
se recurrió además al argumento de transferir a los contratistas extranjeros
líneas telefónicas locales de la empresa en plena producción, todo ello en
menoscabo de las finanzas y la estabilidad económica de la estatal, sin que
lograran su objetivo final de quebrarla para dejar el paso libre a los
operadores de las multinacionales.
Como quiera que la empresa cuenta con tres
millones quinientas mil líneas telefónicas y el país con una de las densidades
telefónicas mayores de América Latina, se tuvo que renunciar a este argumento.
Sin embargo, los escuderos del Estado en
este propósito sacan a relucir el argumento de la obsolescencia tecnológica,
lo que tampoco se corresponde a la realidad, puesto que la tecnología que
posee Telecom en sus redes (fibra óptica, centrales digitales y red de
microondas digitalizada), no sólo es la más avanzada que conoce el mundo en
esta materia, sino que con esa red es con la que le presta los servicios de
interconexión y carrier a los operadores celulares con sus distintas
tecnologías. La realidad que hoy se vive contradice otra falacia puesta en
boga por el Gobierno, según la cual la telefonía fija toca a su fin, pues la
tendencia mundial es la de tener todos los servicios a través de Internet.
Pero esto le imprimiría una importancia mayor a este tipo de telefonía y a los
cables, una de las fortalezas que tiene la empresa. Así, están más que
revaluados los pobres argumentos que se esgrimieron para justificar el
negociado que pretendió hacer el Gobierno con la empresa mexicana Telmex.
Sin embargo, como de lo que se ha tratado a
lo largo de los últimos quince años es de vender la Empresa Nacional de
Telecomunicaciones, Telecom, Uribe Vélez ha recurrido a otros tres argumentos
para tratar de obtener este objetivo: la supuesta inviabilidad económica,
financiera y operativa de la empresa, la necesidad, por parte de la nación, de
garantizar el pasivo pensional y la urgencia de conseguir un socio estratégico
para Colombia Telecomunicaciones.
Frente al primer punto, hay que decir que el
actual gobierno decidió la liquidación de Telecom., mediante el Decreto 1615
de junio de 2003, a sabiendas de que en el año 2005 esta tendría a su
disposición grandes recursos que le permitirían no solo responder por el
pasivo pensional, sino hacer grandes inversiones en el sector. Esto, gracias a
que a partir de la mencionada fecha, es decir, del año en curso, los dineros
que se le trasladaban a las multinacionales dueñas de los contratos de
asociación -en unos casos el 90 por ciento y en otros el 80 por ciento-
tendrían como destino Telecom. Esto ha tratado de ocultarse con la afirmación
de que la empresa que sí ha presentado grandes rendimientos por su buena
administración y baja carga laboral es Colombia Telecomunicaciones, lo que es
nuevamente una falsedad.
Con respecto al segundo punto, hay que decir
que, al contrario de lo planteado por Uribe Vélez, la única manera de
garantizar la deuda con los pensionados es manteniendo la propiedad de
Telecom, como una empresa ciento por ciento estatal, lo cual ha ocurrido hasta
el presente, pues las altas cifras trasferidas por Colombia Telecomunicaciones
a Telecom en liquidación hablan por sí solas. El gobierno no ha tenido que
apelar a nadie diferente a la empresa para el pago de estas obligaciones.
Al tercer punto no sólo le falta
consistencia, sino que la realidad de la empresa que hoy trata de regalar el
Gobierno, desde el punto de vista de sus inversiones y sus utilidades, dejan
por el piso tal argumento. En el año 2004 Coltel trasfirió a Telecom en
liquidación, seiscientos mil millones de pesos para el pago de pensiones y de
compromisos con los Joint Venture, e hizo una inversión de 170 millones de
dólares para adecuar redes y prestar servicios de banda ancha en Internet.
Además de lo anterior, este argumento fue echado por tierra por el mismo
gobierno nacional, la semana del 19 al 25 de septiembre pasado, cuando anunció
que se va a licitar con el objeto de adjudicar una licencia para servicios
PCS, banda que el gobierno se comprometió a conceder a Telecom desde el año de
1996, pero que nunca le cumplió. Este, entonces, sería el momento de dotar a
la empresa estatal de la movilidad que tanto pregonan la ministra del ramo y
el Presidente de la República, en lugar de andar de ferias con los bienes de
la nación.
Después de lo aquí planteado, vale la pena
preguntarse: ¿qué es lo que realmente está en venta? ¿Por qué? ¿Para beneficio
de quién?
Lo que en realidad representa un peligro,
desde el punto de vista de la propiedad de los bienes de la nación, ha sido
ocultado en el debate que se le ha planteado al país. Es ahí donde se vuelve a
poner de manifiesto el engaño del Gobierno a los colombianos, así como la
confabulación de quienes defendían el negociado de Slim, por las siguientes
razones:
La discusión está centrada en los valores de
Coltel y Telmex Colombia, lo que no sólo es intrascendente sino que oculta la
real dimensión de lo que se le va a arrebatar al país. De una parte, Coltel,
empresa de papel creada por Uribe para justificar la liquidación de Telecom,
sólo cuenta con un contrato de explotación hasta el año 2020, que, en el caso
de haberse firmado el memorando con Telmex Colombia, habría desaparecido. Ese
contrato le permite a la nueva empresa usufructuar los bienes de Telecom, sus
redes, centrales, y todo lo que han dado en llamar bienes afectos a la
prestación de los servicios, pues hasta los edificios desde donde despacha el
señor Alfonso Gómez, presidente de Coltel, son propiedad de Telecom.
Del otro lado estaba el supuesto “gran
socio”, Telmex, que no tiene presencia en el mercado nacional en ningún
servicio, como quiera que lleva en Colombia apenas cuatro años. En sus
inicios, esta empresa en nuestro país se llamaba Teleductos, y Telecom era
propietaria de un 48 por ciento de ella. Esta propiedad fue vendida por
aproximadamente seis millones de dólares a una firma norteamericana, lo que
claramente puede darnos una idea de su real valor.
A propósito del fallido acuerdo, el Gobierno
nacional señalaba que al cabo de quince años de que el señor Slim aportara la
ridícula suma de doscientos un mil millones de pesos al año, con un incremento
del IPC más cuatro puntos, y que este se haría dueño de la mitad más una
acción de la empresa resultante del acuerdo entre Coltel y Telmex. Sin duda,
iba a pagar una suma irrisoria, insuficiente siquiera para el pago de las
pensiones, cuyo valor actual es de treinta y seis mil millones al mes, y se
pagan catorce mesadas al año. Por tan ridícula cifra, lo que se pretendía
entregarle al señor Slim era ni más ni menos que la mitad más una acción de:
• Cuatro mil kilómetros de fibra óptica, que
hace parte de la red nacional.
• Dos mil quinientas estaciones
transmisoras, receptoras y satelitales.
• Nueve nodos alternos.
• Veintitrés centrales tandem (larga
distancia).
• Ochocientas centrales locales.
• Una empresa posicionada en Estados Unidos
(Coltelecom), que está en plena operación, al igual que doce telefónicas
asociadas (Telemaicao, Teleupar, Telecartagena, Teletolima, Telehuila,
Telecaquetá, Telearmenia, Telecalarcá, Telesantarrosa, Teletuluá,
Telbuenaventura y Telenariño), con sus respectivas redes locales.
• Un mercado de larga distancia nacional e
internacional, datos, télex, Internet y voz sobre protocolo de Internet o IP,
con cobertura nacional, del que sólo se exceptúa el departamento de Antioquia,
donde funcionan las Empresas Departamentales de Antioquia.
• Tres millones doscientas mil líneas
aproximadamente, de las cuales el 75 por ciento se encuentran en plena
operación.
• Además de lo anterior, está el nombre de
la empresa y todos los títulos habilitantes que ésta posee, los cuales operan
con esas licencias, incluso equipos en la banda de PCS, para poder llegar a
todo el territorio nacional.
Como puede colegirse de lo aquí planteado,
en esto sí debe ser el verdadero debate, puesto que el gobierno, por medio del
señor Javier Lastra, apoderado de la liquidación de Telecom, se niega de
manera persistente a realizar los avalúos e inventarios de los bienes de la
nación que hoy están en peligro, para tratar de ocultar la entrega que se
pretende hacer de ellos.
Ahora, ¿por qué las pretensiones del
gobierno? Se sabe que responden a los compromisos adquiridos por el Presidente
de la Republica hace dos años durante su primera visita a Washington, y cuyo
cumplimiento son una exigencia para la firma del Tratado de Libre Comercio,
TLC.
Por ultimo, quedaría sólo por responder la
pregunta sobre a quién beneficia este negocio. Tal vez es esta la cuestión más
clara, por cuanto el directo beneficiado de tamaño despropósito es el capital
transnacional, ya sea Slim o cualquier otra firma multinacional con la que se
haga el acuerdo.
Por ello, desde el punto de vista de los
intereses de los colombianos, no es desproporcionado afirmar que después del
despojo de Panamá a comienzos del siglo pasado, el que se pretende hacer con
la empresa de telecomunicaciones del país sería el segundo mayor para la
nación. Ello se debe al inmenso valor estratégico que significa la propiedad
de una empresa como Telecom, para el manejo de la información, parte integral
de su seguridad y soberanía. Estos asuntos nunca se discuten pero son de
incalculable valor para el futuro del país.
Por todo lo aquí expuesto, no dudamos en
afirmar que lo único conveniente para la nación, dado el grado de
recolonización desplegado contra nuestra patria por parte de los Estados
Unidos, es mantener el control sobre Telecom y las telecomunicaciones en manos
del Estado. Ello puede hacerse permitiendo una alianza entre empresas
estatales, que abarque todo el espectro de servicios en el sector, o dotando a
Telecom de una banda de PCS, lo que le daría presencia en el único segmento de
los servicios que hoy no tiene, y permitiría que esta estatal generara por sí
misma la regulación en tarifas. Sin duda, si se traslada la propiedad del
Estado al capital privado, esta última función será imposible de ejercer, dado
el control y presiones que dicho sector ejerce sobre la Comisión de Regulación
de Telecomunicaciones.